 El
consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil,
aseguró ayer en Ciudad Real que si el Gobierno central
mantiene la intención de modificar la Ley del
Trasvase Tajo-Segura, para incorporar al precio del
agua una parte por amortización de la obra, tal como se
recoge en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado para el 2002, la Junta
tendrá que "pensar" en presentar un recurso
ante el Tribunal Constitucional.
Gil,
que dio a conocer las previsiones de su departamento en
cuestión de carreteras y ferrocarril para la provincia
de Ciudad Real, señaló que la decisión del Tribunal
Supremo de anular las tarifas establecidas por el Consejo
de Ministros en el año 99 para los beneficiarios
del trasvase en la Cuenca Alta del Guadiana,
conocida ayer, es una "buena noticia", pero
que la misma está "empañada" por la decisión
del Gobierno de modificar la norma que rige el trasvase.
business-planning
El
consejero de Obras Públicas recordó que el recurso de
la Junta de Comunidades contra las tarifas del año 99
iba exactamente contra esa incorporación al precio del
agua de la parte correspondiente a la amortización de
la obra, algo que, ahora, la decisión del Tribunal
Supremo ha venido a confirmar que esa amortización ya
estaba completada y que seguir cobrando por ella
"era injusto". En este sentido, Gil señaló
también que, en un ocasión anterior, con respecto a
las tarifas del año 97, el alto tribunal ya había dado
la razón al Ejecutivo regional.
Ante
estos precedentes, Alejandro Gil esperó que el
Gobierno, durante la tramitación parlamentaria de la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos, cambie su
intención primera, aunque en un principio, señaló,
que, por lo manifestado, "no escarmientan". Sí
no se da esa marcha atrás, el consejero aseguró que la
Junta se planteará presentar un recurso de
inconstitucionalidad.
Por
otro lado, el consejero de Obras Públicas, declaró que
esa modificación de las tarifas del Trasvase
Tajo-Segura para el año próximo que conllevaría la
nueva norma, supondría un "doble
perjuicio" para los usuarios de Castilla-La Mancha,
dado que estos tampoco se verían beneficiados de una
rebaja en el precio por consumo, reducción que si está
prevista aplicar a los usuarios de la cuenca del
Segura.
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